Qué es la protección internacional

La pregunta fundamental a realizar es ¿Qué sucedería si volvieras a tu país?

Violación de derechos humanos, sufrir daños graves o ver empeorada la situación personal son las respuestas que enmarcan las tres figuras de protección internacional principales

1) La Condición de Refugiado o Asilado

2) La Protección Subsidiaria y la Protección Temporal

3) La Protección por Razones Humanitarias

No obstante, existe un estatuto de protección internacional menos conocido: el estatuto del apátrida y que cuenta con su propia norma reguladora.

En todo caso, la mejor guía práctica para documentar y apoyar los expedientes puedes descargarla ORGANIZAR IDEAS PARA DOCUMENTAR EL ASILO. CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES (GRUPO SIRA-RED ACOGE)

1) La Condición de Refugiado

La definición legal (art. 3 Ley de Asilo) es la siguiente:

La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país…

Vayamos por partes:

1. “Temores”.

Elemento subjetivo y personal que se deriva del relato y que cuya acreditación puede facilitarse mediante informes psicológicos o de otra índole.

2. “Fundados”.

Elemento objetivo y general, ligado a la situación del país de origen y que se comprueba mediante información publicada por organizaciones de reconocida “autoridad” y “prestigio”, principalmente: organizaciones internacionales (ONU, UE, OSCE, CIDH, etc.), organizaciones de derechos humanos (HWR, AI, etc.) o estados y agencias de Estados occidentales (Informes Departamento de Estado USA, Office UK, etc.). Este es el trabajo de investigación documental

3. “Actos de persecución”

Aquellos que produzcan violación grave de los derechos fundamentales (aquellos que no pueden ser objeto de excepciones al amparo del ap. 2º del art. 15 del Convenio Europeo para la Protección de los DDHH y de las Libertades Fundamentales) . Entre otras, pueden revestir las siguientes formas:

a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual

b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria

c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios

d) denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias

e) procesamientos o penas por la negativa a prestar servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en el apartado segundo del artículo 8 de esta Ley

f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños.

4. “Se encuentre fuera del país”.

La persona debe encontrarse en territorio español.

La normativa permite la presentación en las embajadas españolas en el exterior. Sin embargo, los sucesivos gobiernos de España han impedido la presentación de la solicitud en tales lugares con la excusa de la falta de desarrollo reglamentario del art. 38 de la Ley de asilo donde se regula. No obstante, en 2020 el Tribunal Supremo confirmó la obligación de admitir y tramitar las solicitudes.

5. Motivos de persecución.

Política, religión, nacionalidad, raza, etnia, sexo, orientación sexual (LGTB+) o pertenecer a un “colectivo social determinado” que en cada país será distinto. Al efecto el ACNUR publica de forma periódica para cada país unas directrices de elegibilidad con los perfiles o colectivos perseguidos.

6. Agentes de persecución.

Políticos, funcionarios, partidos, ejército, policía, milicias, paramilitares, guerrillas… y en general grupos armados. La ley dice:

a) el Estado

b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio

c) agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves

7. Falta de protección del Estado.

Si se trata de agentes no estatales debe acreditarse que el Estado no quiere o no puede proteger de forma efectiva, porque por ejemplo las políticas puestas en marcha son muy insuficientes. Se hace necesario por tanto:

a) Presentar denuncia de los hechos ante la autoridad y esperar un tiempo prudencial antes de emprender viaje de huida. Si no se da un margen de tiempo para la actuación del Estado es probable la denegación de la solicitud.

b) Es imprescindible acreditar la situación de “pasividad, desidia o impotencia de las autoridades del país a la hora de investigar los hechos y otorgar protección a la víctima”. Es decir, que exista “una situación de conformidad, inactividad, desinterés o incapacidad de los responsables públicos en el cumplimiento de sus deberes de indagación de los hechos y dispensación de la protección”

8. No posible la reubicación interna.

No debe ser posible el desplazamiento interno hacia una zona segura del país. No será de aplicación cuando sea el Estado el que persiga o

a) Cuando no se pueda viajar desde la zona de persecución de forma segura y legal o la persona no sea admitida en la nueva ubicación.

b) Cuando el país es muy pequeño y la situación de persecución fuera extensible a la nueva localización.

c) Cuando tras el desplazamiento no se posible de forma “razonable” el “llevar una vida normal sin enfrentar dificultades excesivas”.

9. No cláusulas de exclusión.

Se entiende que si ha cometido determinados delitos muy graves no tendría derecho de asilo. Por ejemplo delitos contra la humanidad

10. Otros elementos necesarios para reconocimiento de condición de refugiado-a:

  • No provenir de un tercer país considerado seguro. Sería causa de inadmisión a trámite.
  • La solicitud debe presentarse con la mayor rapidez posible o, en todo caso, exponer razones fundadas para no haberla presentado así.
  • La declaración debe ser coherente y verosímil con arreglo a la información disponible del país de origen.
  • Tiene que demostrarse un esfuerzo para fundamentar la petición y presentarse todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante, además de dar una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes.
  • Son necesarios suficientes indicios sobre la singularidad de la persecución que podría sufrir la persona en caso de devolución.

La insuficiencia del relato como prueba para el reconocimiento de la condición de refugiado

En la mayoría de las ocasiones será el relato la única o principal prueba que la persona proporcione, por lo que es necesario tener en cuenta cómo se valora éste y cómo se puede apoyar el mismo. Así, son numerosos los tribunales que entienden que el relato, al menos, “debe ser creíble y verosímil y, además, acreditar el nivel indiciario de sufrir persecución”.

No obstante, aunque en la práctica jurisprudencial mayoritaria el relato no suele ser prueba suficiente para el reconocimiento de la condición de refugiado sí existen sentencias que entienden que sí debería serlo, siguiendo el criterio de ACNUR. Por ejemplo, la STS de 29 de abril de 2011 (RC 3986/2009) establece como indicio suficiente que el relato sea preciso, detallado y coherente, y que, al ponerlo en relación con la situación social y política de su país, le permita concluir que es verosímil, aun faltando pruebas.

A estos efectos un buen relato debe ser detallado y pueden diferenciarse varios apartados de interés:

  • Entorno personal, social y profesional
  • Hechos que motivan la solicitud: antecedentes y hechos inmediatos
  • Denuncia y respuesta del Estado: solicitud de amparo a las autoridades
  • Proceso de huida del país con las posibles reubicaciones o desplazamientos internos previos
  • Proceso de acogida en España: trayecto migratorio hasta llegar a España

En todo caso, es de gran importancia aportar toda la documentación que sea posible y cuanto antes, para que sea valorada. ¿Qué documentación? Documentos de identidad, familiares (nacimientos, matrimonio, defunciones, etc.), registros de domicilios, escrituras de propiedad de bienes, nóminas, de los negocios regentados, CV, denuncias presentadas, contestaciones de las autoridades, etc.

Indicios de credibilidad del relato según la Oficina Europea de Asilo

Manual de credibilidad en procedimientos de asilo

1. Coherencia o consistencia interna: se refiere a las conclusiones acerca de la coherencia y las posibles incongruencias, discrepancias u omisiones de las declaraciones y otras pruebas presentadas por los solicitantes en sus escritos y entrevistas, en todas las fases de la tramitación de su solicitud y recurso hasta la resolución final. Lo principal en este aspecto es el nivel de coherencia del relato o historia del solicitante.

2. Consistencia externa: se refiere a la coherencia entre el relato del solicitante (expuesto en su entrevista personal y otras declaraciones) y la información de conocimiento general, otras pruebas, como testimonios presentados por familiares u otros testigos, pruebas documenta-les de carácter médico y documental sobre cuestiones relevantes para la solicitud, IPO y cual-quier otra prueba pertinente sobre el país

3. Nivel de detalle suficiente: resulta razonable esperar que una solicitud de protección internacional se presente fundadamente y con detalles suficientes, al menos en lo que respecta a sus hechos más sustanciales.

4. Verosimilitud: no contradecir la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso. El ACNUR ha señalado que «la verosimilitud se refiere a lo que parece razonable, posible o probable».

5. Comportamiento: se ha descrito como «la suma de la conducta, maneras, comportamiento, forma de expresión, inflexión […]. En resumen, todo lo que caracteriza su modo de prestar testimonio, pero que no figura en la transcripción de lo que dijo realmente. No obstante, se considera un elemento poco fiable realmente, aunque en la práctica se emplea a menudo, tanto para justificar el reconocimiento como para rechazarlo.

Directrices de interpretación de las necesidades de protección internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

El ACNUR tiene una función de interpretación de la Convención para los Refugiados de tal modo que publica informes y directrices de interpretación sobre motivos de asilo y países específicos de forma periódica.

2) La Protección Subsidiaria

Existen motivos fundados para creer que si la persona regresase a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los siguientes daños graves:

a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material;

b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante;

c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

De este modo, cobra gran importancia la situación objetiva del país de origen, en cuanto a los índices de violencia y su afectación a las personas residentes.

No obstante, los tribunales reconocen que cuanto más pueda demostrar el grado de afectación específica por elementos propios de su situación personal, menos elevado será el grado de violencia indiscriminada exigida.

Por tanto, los “elementos propios de su situación personal” siempre serán importantes y deberán ser valorados.

Por otro lado, y muy relacionada en la práctica con la Protección Subsidiaria, se encuentra la Protección Temporal de la cual puedes encontrar más información AQUÍ

3) La Protección por Razones Humanitarias

En la actualidad es aplicable el art. 46.3 de la Ley de Asilo de 2009 que establece que “Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España». Es una figura que posibilita valorar la situación concreta del solicitante con un margen de discrecionalidad para resolver (STS 17-12-03 entre otras)

a) Motivos de concesión:

1. Concesión por equidad o justicia material. A modo de “cajón de sastre”, se emplea para incluir a aquellas personas que no cumplirían requisitos de asilo ni de protección subsidiaria, pero se considera necesario otorgar algún tipo de protección, con el fin de dar una solución justa al caso, por equidad o justicia material, con gran discrecionalidad.

2. Concesión por causas vinculadas al asilo.

– como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso se hayan visto obligados a abandonar su país;

– cuando el retorno al país de origen supondría un riesgo real para su vida o integridad y

Estos párrafos están extraidos de una sentencia de la Audiencia Nacional de 2017, donde se advierte cierta mezcla con la protección subsidiaria y la protección por razones humanitarias de personas desplazadas derivada del reglamento de 1995.

Y éste podría ser el caso del permiso para nacionales de Venezuela, que aunque podría enmarcarse técnicamente de forma más precisa en la protección subsidiaria (al ser más importante la situación objetiva de violencia indiscriminada en situación de conflicto interno), se ha considerado como la figura a emplear, siguiendo la recomendación de ACNUR de otorgar “algún tipo de protección”.

3. Causas no vinculadas al asilo.

Aún apuntándose una situación conflictiva en el país de origen, el factor esencial referente a la hora de autorizar la permanencia en España es la consideración de circunstancias personales de los solicitantes y no necesariamente vinculadas con las causas de asilo,

De este modo es como se recoge en el art. 46.3 de la Ley de asilo, en el que además se pueden vincular las razones humanitarias a las condiciones de vulnerabilidad de la persona (1) y los perjuicios que pudiera causarle el retorno al país de origen (2).

El caso más habitual es acreditar el padecimiento de enfermedad grave en tratamiento actualmente y cuya continuidad se pudiera ver interrumpida en caso de devolución al país de origen, con un riesgo grave de empeoramiento. Para lo cual habría que aportar no solo los informes clínicos que acrediten el padecimiento de la enfermedad si no también las razones para deducir que en el país de origen la situación de salud podría empeorar, ya se por inexistencia de tratamiento médico adecuado o dificultad de acceso efectivo al mismo, por los escasos recursos públicos y privados del sistema sanitario del país.

También es posible que se conceda por la afectación a la salud mental o psicológica. Así se desprende de asuntos como como el de la STS de 11 de marzo de 2014 (RC 2797/2013) por la cual se concede esta forma de protección por necesidad de tratamiento psicológico de la solicitante, derivada de la experiencia traumática de la pérdida de su hija con ocasión del viaje que realizó en una patera que zozobró y el riesgo de empeoramiento de su situación, en caso de tener que regresar a su país de origen, lo que significaría una revictimización que generaría una mayor perturbación en su salud mental con incremento de la sintomatología descrita.

Art. 46 de la Ley de Asilo 12/2009

1. En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a las que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la presente Ley.

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración

b) Tercer nivel de protección internacional y doctrina jurisprudencial de las razones humanitarias

La STS nº1067/2024, de 17 de junio consolida a la protección por razones humanitarias como una tercera modalidad de Protección internacional en España, que se solicita con la misma solicitud de protección internacional, y que debe valorarse de oficio por la Administración sin necesidad de realizar petición expresa o subsidiaria, cuando pueda conectarse el asunto con el art. 46.3, esto es, cuando consten situaciones de vulnerabilidad que justifiquen que la Administración de oficio deba valorar y conceder, en su caso, esta tercera  modalidad de protección.

Los requisitos para la valoración se encontrarán en las mismas causas esgrimidas en relación a las otras dos modalidades de protección y, en segundo lugar, en relación a la especial situación de vulnerabilidad de la persona, teniendo en cuenta la lista ejemplificativa y no exhaustiva relacionada en la propia normativa de asilo (niños, mujeres solas, familias monoparentales, personas de edad avanzada, víctimas de violencia, etc.). En resumen, situaciones de vulnerabilidad de la persona (1) y los perjuicios que pudiera causarle el retorno al país de origen (2).

En este sentido, la mencionada sentencia resuelve la concesión de la residencia a una familia monomarental colombiana explicando que

“(…) no resulta preciso alegar razones distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria o en la solicitud de protección internacional y protección subsidiaria (…)”.

Y refiere que en el procedimiento se da

(…) por acreditada la extorsión sufrida de modo reiterado por la solicitante que, pese a no poseer una motivación basada en la Convención de Ginebra ni ser causa suficiente para la concesión de protección subsidiaria, si se considera de la suficiente entidad como para suponer un peligro para la seguridad de la familia monoparental en su conjunto, aspecto éste que no fue valorado en la sentencia impugnada al no considerar las razones expuestas e informadas para la posible concesión del asilo o la protección subsidiaria, que, en el presente caso, al tratarse de la aplicación del régimen especial si deben ser consideradas, dado que no concurre la obligación de que sean diferentes de las alegadas para la obtención de la protección internacional. (…)

Por ello

“una persona cuyo desplazamiento a otro departamento o localidad en el que no actúe el grupo criminal que le extorsiona hubiera sido suficiente para acabar con la persecución que manifiesta sufrir, obviando de nuevo que nos encontramos ante un supuesto de vulnerabilidad por tratarse de una familia monoparental con tres menores a su cargo y que la Sra.  Elsa denunció los hechos ante la Fiscalía General de Colombia, manifestando que cambió de domicilio y localidad en varias ocasiones para huir del grupo extorsionador, por lo que el cambio de domicilio no le asegura superar la situación descrita. Dada la entidad de la extorsión y de las amenazas recibidas y, teniendo en cuenta la situación objetiva de vulnerabilidad de los solicitantes se considera procedente la concesión de la autorización de residencia por razones humanitarias, por lo que procede casar la sentencia de instancia en este aspecto concreto, permaneciendo inalterable en todo lo demás.”

Esta solución dada por el TS ha quedado refrendada en la STS nº84/2025, de 28 de enero, y en relación a una familia colombiana formada por un matrimonio con dos menores que refería diversos episodios de extorsión y amenazas de los que habían sido víctimas de parte de miembros del ELN” aduciendo la condición de «militante social y político defensor de los intereses de un grupo indígena”, por motivo de haber acogido a miembros de este grupo en una finca suya.

Sin embargo, el juzgador de instancia, la AN, sentenció que “no existe prueba suficiente de que las referidas amenazas y extorsiones puedan atribuirse a una persecución por opiniones políticas, siendo así que más bien parecen obedecer a motivaciones económicas, por lo que serían un fenómeno de delincuencia común protagonizado por agentes terceros.”, motivo por el que rechaza el reconocimiento del estatuto de refugiados, alegando también que

“En cualquier caso, y según fuentes recogidas en los actos recurridos, el ELN actúa solo en una parte de los departamentos de Colombia (entre 9 y 15 de los 32 departamentos existentes), lo que facilitaría el expediente a la huida interna, haciendo así innecesario el recurso a la protección internacional”.

El TS realiza la casación de la SAN al entender que

“Dada la entidad de la extorsión y de las amenazas recibidas y teniendo en cuenta la situación objetiva de vulnerabilidad de los solicitantes, se considera procedente la concesión de la autorización de residencia por razones humanitarias, por lo que procede casar la sentencia de instancia en este aspecto concreto, permaneciendo inalterable en todo lo demás.”

En este mismo sentido, se ha vuelto a pronunciar el TS en febrero de 2026 (STS 141/2026, de 12 de febrero de 2026 (rec. 4670/2023) en relación a mujer colombiana de 69 años a la fecha de la presentación de la solicitud (72 años a la fecha de la sentencia).

La sentencia reitera que la autorización de razones humanitarias del art. 37.b) de la Ley 12/2009 debe solicitarse expresamente en la solicitud de asilo, basarse en motivos diferentes a los alegados para la protección internacional, y enmarcarse en los arts. 125, 126 y 128 del RELOEX. Por otro lado, la autorización de razones humanitarias del art. 46.3 de la Ley 12/2009, relativa a personas en situación de vulnerabilidad, debe aplicarse de oficio sin necesidad de solicitud expresa, y puede basarse en los motivos alegados para la protección internacional.

Esta reiteración de doctrina se contiene en la STS nº 316/2026, de 12 de marzo de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:1260) por la cual se ha estimado la concesión de las RRHH de PI dado que “El recurrente, ciudadano colombiano, alega que su orientación sexual le integra en el colectivo LGTBI, cuyos miembros sufren discriminación y violencias en su país, por lo que se considera, como persona vulnerable, merecedor de la autorización de residencia por razones humanitarias.

De igual modo en la STS nº 323/2026, de 16 de marzo de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:1264). No obstante, en dicho caso, se trataba de una familia monomarental (madre e hijo) de Colombia que sufrió asesinatos de familiares y que al presentar la solicitud de asilo sí podía configurarse como “vulnerable”, pero que a la fecha de la sentencia el hijo ya era mayor de edad, por lo que se deniegan las RRHH de PI dado que “La actual situación de este recurrente y su madre no permite incluirlos en la relación de personas vulnerables que recogen los preceptos legales”

En resumen

STS nº1067/2024, de 17 de junio (ECLI:ES:TS:2024:3385). Colombia – Familia monomarental.

STS nº84/2025, de 28 de enero. Colombia – Matrimonio con menores.

STS 141/2026, de 12 de febrero de 2026 (rec. 4670/2023). Colombia y mujer de 69 años a la fecha de la solicitud y 72 años a la fecha de la sentencia.

STS nº 316/2026, de 12 de marzo de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:1260). Colombia – LGTB+.

STS nº 323/2026, de 16 de marzo de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:1264). Colombia- Familia monomarental que se desestima porque a la fecha de la sentencia el hijo ya es adulto

c) Fin de la concesión de la residencia por RRHH de PI

El 6 de mayo de 2026, la Dirección General de Protección Internacional ha emitido una nota informativa afirmando que la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre asilo en España (PEMA) implicaría, en su opinión, la obligación de cesar en la concesión y renovación de la residencia por RRHH de PI en el marco del procedimiento de asilo y tras valorarse la denegación de la protección internacional.

El argumento es que el Reglamento UE 2024/1347 que regula el reconocimiento de los estatutos de protección internacional comunitarios (Estatuto Refugiada y Protección Subsidiaria) establece en su art. 2.2. lo siguiente:

“El presente Reglamento no se aplica a los estatutos humanitarios nacionales concedidos por los Estados miembros a los nacionales de terceros países y apátridas que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. En caso de que se concedan estatutos humanitarios nacionales, no deben conllevar riesgo de confusión con la protección internacional.”

Por ello, sin más argumento o desarrollo, se explicita que “A partir de 12 de junio de 2026, e independientemente de la solicitud de protección internacional fuera anterior a esa fecha, no se podrán conceder ni renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional”.

Por ello, la CIAR de mayo de 2026 es la última que conlleva la concesión de residencia por RRHH de PI. Por su parte el Ministerio de Inclusión habría publicado instrucciones para facilitar la transición de esta residencia de PI al régimen general.

No obstante, el art. 37 y 46 de la Ley de Asilo sigue vigente, y dado que el Tribunal Supremo ha delimitado de forma concisa los distintos estatutos no parece que pueda existir confusión alguna, de modo que si la Oficina de Asilo no valora la concesión o no de las razones humanitarias, todas las resoluciones podrían ser anuladas, al adolecer de incongruencia omisiva.

Por ello, sigue siendo muy recomendable que durante el procedimiento de asilo se solicite de forma expresa la valoración y concesión de la autorización de razones humanitarias y, en caso de no valorarse, se puede alegar en los recursos que procedan.