En los últimos días y desde la publicación del Texto Reglamentario de la Regularización Extraordinaria han surgido ciertas dudas sobre colectivos específicos. Algunas de estas dudas han sido resueltas por Criterios Interpretativos de la Dirección General de Migraciones que puedes consultar AQUÍ

Consultado el abogado ICASAL nº2975 Gabriel de la Mora (*), estos son los casos específicos más polémicos:

Personas que solicitaron asilo antes de 1/1/2026, se les denegó pero recurrieron y por efecto suspensivo siguen siendo SPI a la fecha de la solicitud de residencia.

Se pueden acoger a la DA20ª ya que presentaron la solicitud de asilo antes de 2026. Aunque a la fecha de la solicitud de residencia
siguen siendo SPI por encontrarse pendientes de recurso esto no sería relevante, puesto que la DA20ª refiere que a la fecha de la solicitud la situación legal no debe ser de estancia, residencia o en trámite, interpretando que la condición de «solicitante de protección internacional» no se refiere a ninguna de ellas.

Personas que presentaron solicitud de protección internacional antes de 1/01/2026 y que les fue denegada y se encuentran en situación irregular a la fecha de la solicitud de residencia

Según la literalidad del texto reglamentario, a priori podrían acogerse tanto a la vía de la DA20ª como la DA21ª al cumplir los
requisitos de ambos procesos, ya que sólo se se exigiría haber solicitado la PI o haber entrado en el país antes de 1/01/2026.

En la hoja informativa EX-21 sobre la DA20ª confirma tal interpretación literal, al expresar que «Podrán acceder a esta autorización aquellas personas que, cumpliendo este requisito, hayan perdido su condición de solicitantes de protección internacional, aunque se hubiera dictado una resolución denegatoria de la solicitud o se hubiera producido el desistimiento de la misma o del recurso eventualmente interpuesto contra dicha resolución. En vídeos en redes sociales el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) está diciendo lo mismo, incluida la ministra.

Sin embargo, en la Exposición de Motivos del texto reglamentario se afirma sobre la «la nueva disposición adicional vigésima» que permite acceder a «las personas solicitantes de protección internacional en España cuya solicitud o recurso no haya sido resuelto». Y en el mismo sentido se han pronunciado ciertas fuentes del MISSM, afirmando que se debía acudir únicamente a la DA21ª presentando el modelo EX-32, aduciendo que la vía de la DA20ª se reservaría para quienes tuvieran la SPI en trámite a la fecha de la solicitud de residencia no pudiendo así excluir los requisitos adicionales (haber trabajado, oferta de trabajo, declaración responsable de negocio, familia conviviente o vulnerabilidad).

Finalmente, el 22/04/2026 desde la Secretaría de Estado de Migraciones (Director General de Migraciones y Subdirectora General de Régimen Jurídico) se ha explicitado de forma pública ante la Abogacía de Cádiz que pueden ir por la DA20ª y, por tanto, con formulario EX-31 y sin necesidad de cumplir más requisitos adicionales.

En este sentido, si se ha presentado por la DA21ª la recomendación podría pasar por incorporar al expediente el formulario EX-31 firmado por la persona (relativo a la DA20ª) y los documentos de la solicitud de asilo. Además puede incorporarse un pequeño escrito argumentativo sobre el cambio de procedimiento. No obstante, es posible que si toda la documental del asilo consta en el expediente de oficio la propia Administración resuelva la problemática.

Personas que presentaron solicitud de protección internacional antes de 1/01/2026 y que les fue denegada y se encuentran en plazo para presentar recurso.

Sería el mismo caso anterior. El 22/04/2026 desde la SEM directamente se aclaró que podrán ir por la DA20ª.

Personas que entraron antes de 1 de enero de 2026 a España pero que después pidieron asilo y a la fecha de la solicitud de residencia son SPI.

En este caso, sólo cumplirían requisitos para aplicar por la DA21ª. Al no exigirse encontrarse irregular a la fecha de la solicitud.

En este caso particular además no se debiera exigir el desistimiento de la solicitud de asilo si se concede la residencia, dado que si no se establece norma en contrario, la residencia sería plenamente compatible.

No obstante, fuentes oficiales del MISSM y la SEM afirman expresamente que estas personas también tendrían que desistir de la solicitud de asilo, en algún momento del proceso. Veremos.

Por otra parte, fuentes del ACNUR afirman que desde la Oficina de Asilo se ha comunicado que aquellas personas que desistan del procedimiento de asilo para acogerse a la regularización y tengan necesidad de protección internacional podrán volver a iniciar el procedimiento de asilo sin que se tenga como una «segunda o solicitud posterior» según las nuevas normas de asilo, y que por tanto sus solicitudes serán estudiadas de forma ordinaria.

Personas nacionales de Venezuela con SPI en trámite o personas SPI potenciales beneficiarias de RRHH de PI.

Al parecer, la CIAR de mayo será la última que acuerde resolver la concesión de la autorización de residencia por razones humanitarias de PI conforme el art. 37.2 y 46.3 de la Ley de Asilo (art. 128.1 a) del RELOEX) en la CIAR, independientemente del motivo, país u origen, lo que afecta particularmente a las personas nacionales de Venezuela y de otras nacionalidades en especial situación de vulnerabilidad (salud, discapacidad, niños/as pequeños, edad avanzada, etc.).ç

La recomendación para personas de Venezuela, por tanto, es que aunque tengan solicitada la protección internacional si cumplen los requisitos se acojan al proceso de regularización y presenten solicitudes por la DA20ª o DA21ª. Además, el pasaporte caducado es válido.

Esta consideración también será válida para aquellas personas de otras nacionalidades que por motivo de salud, con graves enfermedades o situaciones de especial vulnerabilidad pudieran haber tenido una mínima expectativa de obtener la residencia por razones humanitarias. Si pueden hacerlo, la recomendación es acogerse al proceso de regularización.

Personas nacionales de Mali y Siria

La OAR va a establecer zonas seguras en Mali y el ACNUR considera zona segura Bamako y alrededores.
Por otra parte la EUAA ha informado de seguridad en Siria, por lo que es probable que empiecen a denegarse la solicitudes de nacionales de Siria.

Personas con residencia habitual en Tindouf (Argelia) y solicitantes del estatuto de apatridia (saharauis)

En principio no parece que haya inconveniente alguno para acogerse a la DA21ª si cuentan con título de viaje válido argelino y
certificado de penales emitido o garantizado por las autoridades argelinas. Hay que recordar que las personas solicitantes de la apatridia en España no se encuentran autorizadas a permanecer legalmente en el país mientras se estudia su solicitud por lo que podría argumentarse de forma simple que se encuentran «en situación irregular.»

En todo caso, la DA21ª no exige encontrarse en situación irregular a la fecha de la solicitud de residencia. Sí que exige no ser titular de autorización de estancia, residencia o en trámite (concesión inicial, prórroga, renovación o modificación de estancia o residencia).

Personas con con estatutos de estancia o residencia, o en trámite, ante la Oficina de Extranjería de su provincia

La finalidad del proceso es la regularización de personas en situación irregular o solicitantes de asilo. No para personas que ya tengan un estatuto de estancia o residencia. No obstante, a nadie se le escapa que el estatuto de residencia garantiza más derechos que el estatuto de estancia temporal.

En este sentido, del texto reglamentario se desprende que podría ser válido desistir de procedimientos en trámite para acogerse a la DA20ª o DA21ª para que a la fecha de la solicitud cumplan los requisitos (no estancia, no residencia no en trámite). Lo mismo podría interpretarse de quienes les vence su autorización próximamente pero que tienen hasta 3 meses para renovar.

No obstante, entre el desistimiento y el archivo del procedimiento puede transcurrir un plazo considerable. Siendo recomendable esperar a la resolución de archivo para presentar la solicitud. Si no llega la resolución de archivo el desistimiento debería ser considerado válido y aceptarse de plano, también para la regularización.

Sobre estos casos parece que internamente dentro de la SEM hay dudas al respecto, especialmente para quienes tuvieran un estatuto de estancia o residencia, ya que si a la fecha de la entrada en vigor del texto reglamentario (16 de abril) la persona no cumplía con los requisitos de la regularización y para cumplir desiste del estatuto que ya posee para así acogerse a la regularización entonces podría tratarse como un fraude de ley, por lo que estos casos sería recomendable NO desistir, al menos a partir del 16 de abril de 2026.

No obstante, aquellas personas en trámite que vieran archivadas o denegadas sus solicitudes de concesión, modificación, prórroga o renovación, por motivo de no cumplir requisitos, parece que sería más viable acogerse al proceso de regularización, previo desistimiento o archivo de la solicitud iniciada previamente y en trámite ante la OEx.

Personas con residencia por arraigo u otras residencias excepcionales en trámite

Las personas que hubieran presentado residencias excepcionales (por arraigo, por DT5ª o por otro motivos) a partir del 20/05/2026 y hasta el 16/04/2026 y estén pendientes de resolución por parte de la Oficina de Extranjería correspondiente, verán que sus solicitudes se deberán de agilizar y resolver únicamente comprobando informes de seguridad y certificados de penales.

Cumplimiento de compromisos de contratación y apertura de negocios por cuenta propia

En relación de la DA21ª que exige el cumplimiento de ciertos requisitos adicionales (contar con una oferta de trabajo o realizar una declaración responsable de emprendimiento de negocio por cuenta propia) se recomienda activamente que cuando se cuente con la autorización de trabajo correspondientes se realizan cuantos actos y actuaciones sean necesarias para cumplir los compromisos realizados, especialmente en relación a la puesta en marcha de un negocio por cuenta propia, por cuando el Gobierno ya ha avisado que controlará de forma especial posibles abusos o fraudes, pudiendo iniciar procedimientos de extinción de la residencia o, cuanto menos, dificultando o impidiendo la renovación, prórroga o modificación de la residencia, si no se justifica adecuadamente porque no se hizo efectiva la oferta de trabajo o por qué no se puso en marcha el negocio por cuenta propia al que se comprometió la persona para la concesión de la residencia.

¿Qué tasa deben pagar los niños/as que se acojan al proceso de regularización?

En todos los casos de niños/as menores de edad la tasa a pagar debe ser la relativa a «menores acompañados»

Modelo 790 código 052, epígrafe 2.1.5. “autorización inicial de residencia temporal de menores extranjeros acompañados”.

* Las respuestas ofrecidas son únicamente opiniones jurídicas del letrado al que se ha preguntado, especializado en extranjería y asilo.

Habemus en el BOE el ansiado RD que regula procedimientos extraordinarios de regularización hasta 30 de junio de 2026 y que además incluye varias modificaciones de interés del Reglamento de Extranjería.

Más información en la web del Ministerio de Inclusión y en la Revista de la Seguridad Social

Por partes

1. DA21ª. RESIDENCIA EXTRAORDINARIA PARA CUALQUIER PERSONA EXTRANJERA

El texto incluye una nueva Disposición Adicional 21ª (DA21ª) del RELOEX con las siguientes características:

1. Las personas extranjeras adultas que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido de forma continuada 5 meses antes de la fecha de la solicitud de residencia. Se podrá acreditar la permanencia con una combinación de cualquier documento público y/o privado.
2. Podrán solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales única, desde el jueves 16 de abril y hasta el 30 de junio de 2026.
3. Sólo quienes a la fecha de la solicitud NO se encuentren en situación de estancia, residencia o en trámite (solicitud para la concesión, renovación, prórroga o modificación). No podrán presentar la solicitud quienes hayan disfrutado de la Residencia de Protección Temporal por la guerra de Ucrania
4. Carezcan de antecedentes penales en su país de origen y en España. Si los antecedentes penales de España son cancelables será suficiente.
5. Además deberán cumplir cualquiera de las siguientes condiciones (una sola es suficiente):
   • Haber trabajado en España durante la permanencia previa en el país.
   • Presentar un contrato de trabajo o varios hasta de 90 días.
   • Permanecer en España junto con su unidad familiar, en concreto: hijos/as escolarizado/as o realizando estudios, hijos/as mayores de edad con discapacidad o hijos/as mayores de edad que no sean capaces de proveerse de sus necesidades por su estado de salud o ascendientes de primer grado.
   • Encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditado por informe de los servicios públicos competentes o de entidades sociales específicas inscritas en un registro. Si la persona se encuentra en situación irregular es probable se encuentre en situación vulnerable y, por tanto, se podrá emitir informe al respecto. Los informes se realizarán por los Servicios sociales y también por entidades colaboradoras.
6. Cuando se cumpla el requisito de permanencia con la unidad familiar, en el caso de ascendientes y cónyuge o pareja registrada de la persona extranjera podrán solicitar de forma simultánea autorización de residencia para ellos.

2. DA20ª. PROCESO EXTRAORDINARIO DE SOLICITUD DE RESIDENCIA POR ARRAIGO PARA SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

• El nuevo texto permitirá que personas adultas que hubieran presentado una solicitud de cita para pedir asilo (formulación), hayan tramitado el Manifiesto de la Voluntad de Solicitar Protección Internacional (Registro) o el Resguardo de la solicitud o Tarjeta Blanca (formalización) antes del 1 de enero de 2026,

• Pueden presentar, desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026, una solicitud de residencia por arraigo extraordinario, siempre que se encuentren en España a la fecha de la solicitud de residencia y haber permanecido 5 meses hacia atrás, a contar desde la fecha de la solicitud de residencia.

• Deben contar con documento de identidad original o caducado (pasaporte), carecer de antecedentes penales o, constando en España antecedentes sean cancelables, lo que se comprobará y solicitará de oficio por la Administración. 

• El procedimiento de asilo quedará suspendido durante la tramitación de la solicitud de residencia. Y si la residencia se resuelve favorablemente se deberá presentar un desistimiento de la solicitud o recurso de asilo. Por lo que si no se presenta es posible que la Policía no permita tramitar la Tarjeta de Identidad o TIE sin este desistimiento

3. DT1ª. SOLICITUD DE RESIDENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MENORES DE EDAD

• Niños/as y adolescentes menores de edad en situación irregular y acompañados de progenitores con residencia legal o en situación irregular que se vayan a acoger a cualquiera de las dos vías de regularización principal (DA20 o DA21)

• Desde el 16 de abril y hasta el 30 de junio podrán presentar solicitud de residencia ante la Oficina de Extranjería del lugar de su residencia habitual si los niños/as son hijos de residentes legales. Si son hijos de personas en situación irregular o solicitantes de asilo que se acojan al proceso extraordinario la solicitud se presentará a la UTEx responsable del proceso.

• Contarán con una flexibilización en requisitos: 5 meses de permanencia en España previos a la solicitud de residencia de menor (haber entrado antes del 30 de enero de 2026), prueba del vínculo familiar (certificado de nacimiento legalizado o apostillado), escolarización en España (certificado escolar) y consentimiento de ambos progenitores para residir en España. Si el menor se encuentra acompañado solamente de madre o padre, será necesaria sentencia judicial o autorización notarial legalizada o apostillada en la que conste la posibilidad de residencia en España del menor.

4. CARACTERÍSTICAS COMUNES A AMBOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN (DA20ª y DA21ª)

• Se podrá emplear para identificarse el pasaporte original en vigor, pero también el caducado. También cédula de inscripción y título de viaje original y caducado.

• La admisión a trámite de la solicitud supondrá la concesión de residencia provisional con autorización para trabajar que se consolidará con efecto retroactivo si la solicitud es finalmente concedida.

• Se deberá garantizar, mediante la emisión de los informes correspondientes, que no representan una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública, que no tengan prohibida la entrada en España, no figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que España haya firmado un convenio en tal sentido, ni que encuentren dentro del plazo de compromiso de no retorno a España, además de abonar la tasa correspondiente.

• Se permitirá de forma excepcional que si se ha solicitado el certificado de penales a las autoridades consulares extranjeras y no se ha remitido el certificado en el plazo de 1 mes, entonces se podrá comunicar esta situación y las autoridades españolas suspenderán el procedimiento de la solicitud de residencia por 3 meses para intentar confirmar por medios diplomáticos que la persona carece de antecedentes penales. Si transcurrido el plazo de 3 meses no se consigue la confirmación se comunicará a la persona y se la darán 15 días para aportar el documento. Y si no lo aporta se denegará/archivará la solicitud por desistimiento.

• La mera presentación de la solicitud deberá suspender los procedimientos de retorno que consten en tramitación o pendientes de ejecución cuando la causa sea carecer de autorización de residencia, encontrarse en situación de irregularidad sobrevenida por no haber presentado en plazo la solicitud de prórroga, renovación o modificación de la autorización previa concedida o cuando la persona se encontrara trabajando sin contar con la autorización pertinente por no contar con autorización de residencia válida. En caso de resolverse favorablemente la solicitud se procederá al archivo del procedimiento de retorno.

• Las personas con solicitudes de residencia por arraigo en trámite (DT5 o posteriores a 20/05/2025) ante las Oficinas de Extranjería no deberán presentar la solicitud. Por el contrario, las Oficinas de Extranjería deberán resolver favorablemente sus solicitudes comprobando únicamente los requisitos de seguridad (certificado de penales e informe policial).

• Se habilitará 1 oficina de la Seguridad social y 1 oficina de Correos por capital de provincia y, además, 1 ofician de Correos en poblaciones de más de 50.000 habitantes para presentar las solicitudes a través de un procedimiento específico, preferente y diferenciado de tramitación. Las oficinas de la Seguridad social tendrán una apertura de 16h a 19h

• No se podrá exigir ningún documento que ya obre en poder de la Administración.

5. OTRAS NOVEDADES RELEVANTES

Hay hasta tres bloques de novedades relevantes que trae consigo la modificación del Reglamento de Extranjería que no están directamente relacionadas con las solicitudes de residencia extraordinarias o proceso de regularización

Corrección de errores y lagunas

• Equiparación entre familiares españoles para la presentación desde España y habilitación para trabajar provisional con la admisión a trámite (art. 97 del RELOEX)
• Se suprime el silencio negativo en residencia menor no acompañado (art. 172 RELOEX)
• En la modificación de estancia a residencia se aclara la prórroga de la estancia previa (art. 190 RELOEX)

Mejoras en las residencia por arraigo

• Se concederá autorización provisional de residencia y trabajo en arraigo sociolaboral con la admisión a trámite de la solicitud y constará expresamente en la comunicación escrita que se remita (art. 130 RELOEX)

• No se permite presentar arraigo desde estancia o residencia o en trámite (art. 126 RELOEX)
• Se aclara la procedencia de ingresos en arraigo social permitiendo que proceda de otras fuentes diferentes a los familiares indicados en el mismo párrafo (art. 127 RELOEX)
• Se flexibiliza la prórroga de residencia por arraigo por circunstancias que impidan el acceso al empleo por razones debidamente justificadas, tales como, enfermedad o discapacidad o haber alcanzado la edad legal de jubilación (art. 132 RELOEX)

Situación colectivos especiales: Venezuela y Ucrania

• Supresión de prohibición de modificación de la residencia RRHH de PI que se facilita a las personas nacionales de Venezuela desde 2018 y que el Gobierno ha anunciado que dejará de conceder automáticamente (art. 191 RELOEX en relación al art. 128.1 a) RELOEX)

• Las personas con PT podrán solicitar las autorizaciones de estancia y residencia cuyo procedimiento pueda iniciarse desde territorio nacional previstas en RELOEX incluido arraigo y Ley de Emprendedores (DA 19ª RELOEX)

• Se concretan un supuesto de especial relevancia para la concesión de residencia extraordinaria a colectivos a propuesta de la SEM por desplazamiento inusual o excepcional a España de personas y que, de regresar a su país de origen o residencia, podrían incurrir en situación de vulnerabilidad o incrementarían esta, a raíz de conflictos o disturbios graves de naturaleza política, étnica o religiosa, entre otros. (nuevo párrafo 3 en DA 2ª RELOEX)

Y un poco de humor:

El diario El Pais ha publicado esta mañana que el Gobierno pondrá fin a la concesión semiautomática de la residencia por razones humanitarias de protección internacional (art. 37 b) y 46.3 de la Ley de Asilo que se materializa en art. 128.1 a) del RELOEX)

Esto supone derogar el acuerdo de febrero de 2018 en el seno de la CIAR (Comisión Interministerial de Asilo y Refugio) por la cual de forma automática se concedería el tercer nivel de protección internacional (residencia por razones humanitarias) a las personas que hubieran solicitado protección internacional nacionales de Venezuela y sin necesidad de acreditar sus circunstancias personales, esto es, de forma casi automática.

Por ello, se prevé que en los próximas semanas o incluso hasta finales de junio se publique un nuevo acuerdo por el cual a partir de una fecha determinada las solicitudes de protección internacional de personas nacionales de Venezuela se deberán evaluar del mismo modo que el resto de solicitudes de otras nacionalidades.

Hasta la fecha, para la concesión de residencia por razones humanitarias de protección internacional el Gobierno exige tener problemas de salud muy graves que acrediten la existencia de riesgo a sufrir perjuicios intolerables en caso de regreso. No obstante, el Tribunal Supremo, interpreta la normativa ampliando los supuestos a otras situaciones de especial vulnerabilidad (presencia de menores, edad avanzada, etc.) no vinculadas necesariamente con situaciones de salud.

Más información sobre la protección internacional de nacionales de Venezuela

Permiso RRHH-Venezuela

Nueva STS nº84/2025, de 28 de enero sobre valoración de petición expresa de residencia por RRHH por causas distintas al asilo en el procedimiento de asilo

¿Fin de los permisos de residencia humanitarios para todas las personas nacionales de Venezuela?

En el día de hoy se ha iniciado el trámite de audiencia para realizar aportaciones al proyecto de RD de regularización, en el que se incluye el borrador del texto, haciendo alusión especial a las personas solicitantes de protección internacional (DT5ª) y personas extranjeras con carácter general (DT6ª). Este texto podrá ser modificado para su aprobación definitiva a finales de marzo de 2026. También se aporta el informe sobre el proyecto.

Por ello, cabe recoger estas claves con cautela, puesto que el texto es un borrador que será sometido a informe por distintos ministerios, entre ellos el Ministerio del Interior, quien ya en el anterior proceso de reforma del RELOEX fue quien precisamente introdujo restricciones evidentes para la regularización de las personas. Nadie puede asegurar que no suceda lo mismo.

Por ello, hasta que no se publique en el BOE un Real Decreto con carácter definitivo este texto es PROVISIONAL.

Veamos las claves:

1. DT6ª. PROCESO EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN PARA CUALQUIER PERSONA EXTRANJERA (incluidas personas solicitantes de protección internacional)

El borrador inicial del texto incluye una nueva Disposición Transitoria Sexta (DT6ª) del RELOEX con las siguientes características:

1. Las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, podrán solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales única, y hasta el 30 de junio de 2026. Por ello, se entiende aplicable a personas en situación irregular, estancia, residencia o como solicitantes de protección internacional.
2. Haber permanecido de forma continuada en España durante al menos 5 meses al momento de la solicitud. Se podrá acreditar la permanencia con una combinación de cualquier documento público y/o privado.
3. Carezcan de antecedentes penales o, constando en España antecedentes sean cancelables, lo que se comprobará y solicitará de oficio por la Administración. 
4. Además deberán cumplir cualquiera de las siguientes condiciones:
   • Haber trabajado en España durante la permanencia en el país.
   • Presentar un contrato de trabajo
   • Permanecer en España junto con su unidad familiar, en concreto: hijos/as escolarizado/as o realizando estudios, hijos/as mayores de edad con discapacidad o hijos/as mayores de edad que no sean capaces de proveerse de sus necesidades por su estado de salud o ascendientes de primer grado.
   • Encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditado por informe de los servicios públicos competentes o de entidades sociales específicas inscritas en un registro.
   • Encontrarse en situación irregular presumiendo que por ello se encuentran en situación de vulnerabilidad.
5. Cuando se cumpla el requisito de permanencia con la unidad familiar, en el caso de ascendientes de la persona extranjera podrán solicitar de forma simultánea la autorización por circunstancias excepcionales única regulada en esta disposición transitoria.

2. DT5ª del RELOEX. PROCESO EXTRAORDINARIO DE SOLICITUD DE RESIDENCIA POR ARRAIGO PARA SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

• El nuevo texto permitirá que quienes antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran presentado una solicitud de protección internacional puedan presentar, hasta el 30 de junio de 2026, una solicitud de residencia por arraigo, siempre que se encuentren en España a la fecha de la solicitud de residencia.

• Deben de carecer de antecedentes penales o, constando en España antecedentes sean cancelables, lo que se comprobará y solicitará de oficio por la Administración. 

• Se podrá solicitar residencia por arraigo social para cónyuge o pareja registrada y a los familiares en primer grado en línea directa(aquellos reconocidos en el apartado c) del art. 127 del RELOEX), y de forma simultánea sin necesidad de cumplir permanencia de 2 años y de forma compatible con la condición de solicitantes de protección internacional.

CARACTERÍSTICAS COMUNES A AMBOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN (DT5ª y DT6ª)

• La admisión a trámite de la solicitud supondrá la concesión de residencia provisional con autorización para trabajar que se consolidará con efecto retroactivo si la solicitud es finalmente concedida.

• Hijas e hijos menores de edad o mayores que tengan una discapacidad y no sean capaces de proveerse de sus necesidades por su estado de salud, puedan solicitar de forma simultánea solicitudes de residencia conforme art 159 y 160 del RELOEX y con cierta flexibilidad. En el caso de no nacidos en España se exime de contar con 2 años de permanencia y disponer de ingresos económicos y alojamiento.

• Se deberá garantizar, mediante la emisión de los informes correspondientes, que no representan una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública, que no tengan prohibida la entrada en España, no figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que España haya firmado un convenio en tal sentido, ni que encuentren dentro del plazo de compromiso de no retorno a España, además de abonar la tasa correspondiente.

• Se permitirá de forma excepcional aportar una declaración responsable de carecer de antecedentes en país de origen cuando se justifique se ha solicitado a las autoridades consulares extranjeras y no se ha remitido el certificado en el plazo de 1 mes, previo intento de comprobación de oficio con dichas autoridades.

• La mera presentación de la solicitud deberá suspender los procedimientos de retorno que consten en tramitación o pendientes de ejecución cuando la causa sea carecer de autorización de residencia, encontrarse en situación de irregularidad sobrevenida por no haber presentado en plazo la solicitud de prórroga, renovación o modificación de la autorización previa concedida o cuando la persona se encontrara trabajando sin contar con la autorización pertinente por no contar con autorización de residencia válida. En caso de resolverse favorablemente la solicitud se procederá al archivo del procedimiento de retorno.

• La presentación de la solicitud supondrá la paralización con suspensión de cualquier plazo que esté pendiente de cualquier otra solicitud de residencia o de residencia y trabajo presentada con anterioridad para la misma persona extranjera, hasta la denegación firme, en su caso, de la solicitud basada en esta DT5ª o DT6ª.

• Se podrán habilitar oficinas para presentar las solicitudes a través de un procedimiento específico, preferente y diferenciado de tramitación.

• La residencia habitual en España se podrá acreditar con cualquier prueba válida en Derecho y no se podrá exigir ningún documento que ya obre en poder de la Administración.

Si hay una materia en la que reine la confusión es la autorización de trabajo de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y su acceso a los servicios de empleo, tanto para el acceso a los servicios de formación como para la búsqueda de empleo o el cobro de prestaciones.

Esta confusión se debe principalmente a la diferenciada documentación facilitada por el Ministerio del Interior en España a las personas solicitantes de PI, la inseguridad jurídica existente por la deficiente transposición de la normativa comunitaria o la inexistencia de servicios de información especializados de calidad en el territorio, con nula accesibilidad a la Oficina de Asilo para estas cuestiones.

Por ello, son especialmente interesantes las Instrucciones del SEPE en relación a la inscripción en los servicios públicos de empleo de las personas en situación de protección internacional (versión junio 2025), que se aplican a:

• Solicitantes de protección internacional durante el procedimiento de asilo y sus distintas fases (registro, instrucción del procedimiento, fase de recursos)
• Beneficiarios/as de protección internacional (ER, PS y apátridas)
• Solicitantes y beneficiarios/as de la protección temporal

Y ello por que la normativa reglamentaria que regula la inscripción en los servicios de empleo es del año 2006, cuando ni siquiera existía la Ley de Asilo de 2009, no atendiendo por tanto a los numerosos cambios y circunstancias habidas desde entonces, en relación a los derechos y la documentación acreditativa de las personas en situación de protección internacional, especialmente desde 2013, con la publicación de nuevas directivas comunitarias de asilo y sucesivas instrucciones policiales (2021, 2023 y 2025) sobre documentación de las personas solicitantes de asilo.

Hoy estamos de enhorabuena porque en este blog publicamos las INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCION DE PERSONAS EXTRANJERAS EN APLICACIÓN DE LA ORDEN TAS/3698/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos de Empleo y en las Agencias de Colocación y del REAL DECRETO 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo . Versión 19.0 Aprobada por el Pleno n.º 87 de la CCS del SISPE [corrección erratas con fecha 13 de junio 2025]

Todo ello gracias a que han sido facilitadas por el Ministerio de Trabajo por la solicitud de acceso a la información y transparencia realizada por el abogado ICASAL nº2975 Gabriel de la Mora González, ante las evidentes dificultades que todo operador jurídico-laboral conoce, incluido el personal público de cientos de oficinas administrativas.

Agradecemos al Ministerio que las haya facilitado, solicitando que se publiquen en la web del SEPE y, obviamente, que se modifique la Orden TAS/3698/2006 por una nueva normativa actualizada que permita deshacerse, o al menos reducir, las 89 páginas de instrucciones.

Desde CITE del sindicado obrero CCOO, se va a poner en marcha un espacio periódico de orientación y resolución de dudas dirigido a personas migrantes en Salamanca.

Se trata de un espacio abierto, gratuito y confidencial, en el que se ofrecerá información y orientación general sobre:

• Trámites de extranjería
• Homologación y equivalencia de títulos
• Gestiones administrativas básicas
• Recursos y redes de apoyo social
• Orientación laboral y búsqueda de empleo
• Recursos formativos

 Jueves 22/01/2026 a 18:00. Periodicidad: cada 15 días
 Lugar: C/ Abogados de Atocha 2, 4ª planta. Salamanca
 Formato: espacio de consultas y resolución de dudas

Es notorio que el Ministerio del Interior mantiene una política de ralentización del acceso al procedimiento de asilo basado en el uso de cupos limitados de citas para presentar solicitudes de asilo, empleando un nº de teléfono y un sistema web de citas que impide conocer la demanda real de solicitudes, invisibilizando las dificultades de acceso, al bloquear las citas a unas pocas liberadas semanalmente.

Esta cuestión ha sido analizada para el período 2021 a 2024 en el artículo «El Laberinto del Asilo en España«, publicado en la Revista de Deusto de Derechos Humanos.

A este respecto, han sido varios los intentos de judicialización de la cuestión, analizados por el letrado Fran Morenilla, de Cruz roja Almería, en su artículo «El inaceptable colapso de las citas previas» constando varias sentencias, entre otras la pionera STSJ de Aragón de 2024 que obliga a la Administración a facilitar cita en el plazo de 1 mes.

Ahora, gracias a SOS Refugiados en Zaragoza, hemos tenido conocimiento de una nueva sentencia de gran relevancia, al proceder de la Audiencia Nacional, intérprete judicial autorizado en materia de asilo y protección internacional, en su Sentencia de la Sección 4ª, de 13 de noviembre de 2025, (ECLI: ES:AN:2025:4722) que estima el recurso interpuesto ante la denegación presunta de solicitud de cita presentada por registro. Un nuevo hito en la garantía de derechos en España. Esta decisión se suma a la SAN de la Sección 4ª de 23 de junio de 2025 (ECLI:ES:AN:2025:3361) que también estimó la procedencia de la obtención de la cita previa para pedir asilo (mi agradecimiento a Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de CEAR)

Damos la enhorabuena a las personas recurrentes por su perseverancia y a los letrados de ambos casos D. JOSE JULIAN RABOSO LOPEZ y D. OMAR KHALIL FERNANDEZ por haber logrado este gran éxito en la defensa de derechos.

Las personas solicitantes de protección internacional lo son desde la formulación de la solicitud hasta la resolución definitiva de la misma, es decir, durante la pendencia de recursos con carácter general. Y durante las distintas fases se cuenta con documentación acreditativa diferenciada siendo el más conocido la Tarjeta Roja.

No obstante, en función del estado del procedimiento las autoridades españolas documentan a las personas solicitantes con distintos documentos:

• Solicitantes potenciales o pendientes de formulación. No cuentan con documento oficial que acredite la aplicación del régimen de protección internacional.
• Solicitantes pendientes de registro. Han formulado la solicitud de asilo ante las autoridades, pero éstas no han registro todavía la misma. No cuentan con documento oficial de reconocimiento de su situación.
• Solicitantes pendientes de formalización. Sí cuentan con documento provisional, facilitado con el registro de la solicitud de asilo.
• Solicitantes que han formalizado y se encuentran a la espera de una resolución. Sí cuentan con documentos en dos formatos diferenciados.
• Solicitantes pendientes de recurso. Inicialmente se encuentran indocumentados. Transcurrida una larga demora pueden portar dos tipos diferenciados de documentos oficiales que acreditan su situación

A continuación, se describen algunos de los documentos habituales válidos para la acreditación de la condición de “solicitante de PI” al efecto de garantizar el derecho a la protección internacional y el principio de no devolución.

EMAIL O JUSTIFICANTE SOLICITUD DE CITA A LA COMISARÍA DE POLICÍA O LA OFICINA DE ASILO.

DILIGENCIAS DE MANIFESTACIÓN emitidas por autoridades policiales

Estos documentos se viene facilitando por Brigadas de Extranjería y Fronteras cuando agentes identifican a personas en situación irregular o solicitando la entrada en frontera y éstas manifiestan ante ellas su intención de solicitar protección internacional.

MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL (“Cita”, “Volante”, “Manifiesto”, “MVSPI” o “Primera Tarjeta blanca”): 

Este documento se facilita en la primera cita en la Brigada Provincial de Extranjería, tras el registro de la solicitud de asilo. 

Consta fotografía, nombre, apellidos, número del documento (Nº Referencia policial, en su caso nº de pasaporte), nacionalidad, sexo y lugar y fecha de nacimiento. 

En el Registro Central de Extranjeros consta asignación del número de identidad de extranjero o NIE y en los nuevos modelos facilitados a partir de la Instrucción SES de 14 de marzo de 2025 como marca la normativa el NIE sí se debe incluir en el MVSPI.

Consta debate jurídico sobre la entrega de TIE o al menos, a que este documento se considere como tal o análogo a una «TIE» ya que la fecha de validez vinculada a la fecha de la segunda cita marcada en el propio documento podría ser superior a 6 meses. Y la normativa de extranjería reconoce el derecho a la obtención de TIE a quien se encuentre autorizado para permanecer con una duración de 6 meses o superior en España.

RESGUARDO DE SOLICITUD DE PI (“Tarjeta blanca”)

Constan fotografía, nombre, apellidos, número del documento (NIE y nº expte OAR), nacionalidad, sexo y lugar y fecha de nacimiento. Desde 1/06/2023 se facilita vigencia de 9 meses e incorpora un código seguro de verificación electrónica y un código QR.

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA CONDICIÓN DE SOLICITANTE DE ASILO (“Tarjeta roja”):

Consta fotografía, nombre, apellidos, número del documento (Nº de soporte, NIE y nº expte OAR), nacionalidad, sexo, lugar y fecha de nacimiento. Desde 1/06/2023 se facilita vigencia de 1 año e incorpora un código seguro de verificación electrónica y un código QR.

No obstante, en las solicitudes de asilo realizadas en frontera (aeropuerto) el documento se facilita tras la admisión a trámite de la solicitud, la vigencia es de 6 meses y por ello no consta inscripción con la autorización para trabajar.

SOLICITANTES DE PI PENDIENTES DE RECURSOS. 

Es habitual una larga situación de indocumentación por el mal funcionamiento de la Administración al demorarse en anotar en el Registro Central de Extranjeros la presentación de recursos y la entrada en vigor de medidas cautelares que en la praxis permitiría el libramiento de una nueva documentación identificativa como “solicitante de protección internacional”

Por ello, para la acreditación del mantenimiento de la situación jurídica de “solicitante” se  acepta una combinación de documentación. VER AQUÍ AMPLIACIÓN. En concreto:

1. DOCUMENTO DE SOLICITANTE DE ASILO: originales o fotocopias de Manifestación de Voluntad, Resguardo de solicitud, Tarjeta Roja y Resguardo de prórroga de derechos, por lo general caducados.

2. RESOLUCIÓN DE ASILO denegatoria emitida por el Ministerio del Interior, en el que figuran nombre, apellidos, NIE, etc.

3. JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE RECURSOS. Tras la notificación de una resolución denegatoria del asilo hay un plazo de 1 mes para interponer recurso administrativo de reposición ante el Ministerio del Interior y/o o 2 meses para presentar recurso judicial ante la Audiencia Nacional. En estos justificantes pueden constar todos los datos necesarios, o al menos los más relevantes.
4. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR RESUELTO EL RECURSO en el que puede autorizarse a los servicios municipales a que realicen las comprobaciones oportunas a todos los efectos ante la Oficina de Asilo. Nunca ante la Brigada de Extranjería o la Oficina de Extranjería, puesto que sus registros estarán desactualizados, no constando la presentación de los recursos ni siquiera las medidas cautelares o provisionales tomadas.

La RESOLUCIÓN DE ASILO es un documento público emitido por Ministerio del Interior donde constan datos básicos de identificación: nombre, apellidos, número del documento (NIE y nº expte OAR), nacionalidad y sexo. En algunas ocasiones figura en el contenido lugar y fecha de nacimiento. Puede constar la fecha de notificación si se produjo por comparecencia en comisaría. En la misma se motiva la denegación y se resuelve, informando de los recursos contra las decisiones, los plazos y los órganos a los que dirigirlos.

Una vez que el Ministerio del Interior procede a anotar y registrar la presentación de recursos, así como las medidas cautelares de mantenimiento de la condición de “solicitante” durante la fase de recursos, se procede a emitir cierta documentación en favor de los solicitantes.

CERTIFICADO DE ACTO PRESUNTO de SOLICITANTE DE ASILO PENDIENTE DE RECURSO DE REPOSICIÓN

Es un documento emitido por Ministerio del Interior, en concreto por la S.G. de PROTECCIÓN INTERNACIONAL. Consta nombre, apellidos, número de NIE y nº de expediente de asilo y acredita la situación legal como “solicitante de asilo” de la persona en favor de quien se emite. Actualmente consta código QR y CSV de verificación electrónica.

RESGUARDO DE PRÓRROGA DE DERECHOS POR RECURSO ADMINISTRATIVO/JUDICIAL (“Tarjeta blanca en pendencia de recursos”).

Consta fotografía, nombre, apellidos, número del documento (NIE y nº expte OAR), nacionalidad, sexo y lugar y fecha de nacimiento. Incorporado al tráfico jurídico a partir del 1/06/2023 se facilita vigencia de 1 año e incorpora un código QR. No parece que este documento tenga respaldo en la normativa al no constar autorización de la CIAR para su entrega. El Reglamento de asilo en su art. 13 establece que admitida a trámite la solicitud la persona deberá entregar sus documentos de identidad y se le facilitará un documento, la tarjeta roja.

No obstante, las autoridades policiales pareciera que se han inventado este documento, restringiendo los derechos de los solicitantes a un documento con garantías de ser reconocido y aceptado por empresas y administraciones.

OTROS DOCUMENTOS

Los documentos relacionados no deben considerarse como únicos o exclusivos a efectos de acreditar la situación legal de la persona extranjera como solicitante de protección internacional dada la enorme inventiva por parte de las autoridades para inventarse nuevos documentos.

SOBRE EL DERECHO A LA DOCUMENTACIÓN DE PERSONAS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

El artículo 25 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados hace referencia a la obligación de auxilio administrativo del Estado de acogida, pues la propia persecución o la salida apresurada justifica la ausencia de documentación del país de origen. Así refiere que 

“1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tornará las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una autoridad internacional le proporcionen esa ayuda.

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán, o harán que bajo su vigilancia se expidan, a los refugiados los documentos o certificados que normalmente serian expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe, salvo prueba en contrario.

En este sentido el art 8 del Convenio de Basilea sobre Asistencia Administrativa a los Refugiados establece que “estarán exentos de todo tramite de legalización y de todo requisito equivalente en el territorio de cada uno de los estados vinculados por el presente convenio los documentos relativos a la identidad y al estado civil presentados por los refugiados y emitidos por sus autoridades de origen.”

 Y el art. 33.2 del Reglamento de Asilo establece que se adoptarán, en los términos previstos en el artículo 25 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados: «las medidas necesarias para facilitar a los refugiados aquellos documentos o certificados necesarios para el ejercicio de un derecho, en especial aquellos que puedan facilitar su integración en España y que impliquen intervención de las autoridades extranjeras a las que no pueda recurrir.”

Este AUXILIO ADMINISTRATIVO mediante la NO EXIGENCIA DE DOCUMENTACIÓN DE IDENTIDAD O ESTADO CIVIL DEL PAÍS DE ORIGEN, debería considerarse como PRINCIPIO GENERAL de aplicación en relación a todos los SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, esto es:

• Solicitantes de asilo o estatuto de refugiado
• Solicitantes de la protección subsidiaria
• Solicitantes de protección temporal
• Solicitante de protección por razones humanitarias de carácter internacional
• Solicitantes del estatuto de apatridia.

Para los HIJOS MENORES DE SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL se debe aplicar el derecho de auxilio pudiendo emplear para la obtención de los datos de identificación y filiación la SOLICITUD DE EXTENSIÓN FAMILIAR emitida por el Ministerio del Interior e incluso la RESOLUCIÓN DE INGRESO en el Sistema de acogida de Protección internacional del Ministerio de Inclusión.

No obstante, en relación a las personas solicitantes de protección internacional existe normativa específica de aplicación no transpuesta directamente en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria si no en el Derecho comunitario y el de extranjería.

Así pues el art. 6 de la Directiva 2013/33/UE o Directiva de Acogida establece la obligación de documentar a todo solicitante de protección internacional en el plazo máximo de tres días y el derecho a que se le proporcione “un DOCUMENTO EXPEDIDO A SU NOMBRE que CERTIFIQUE SU CONDICIÓN DE SOLICITANTE O ACREDITE QUE ESTÁ AUTORIZADO A PERMANECER en el territorio del Estado miembro mientras su solicitud está en trámite o pendiente de examen” con la obligación consecuente para los Estados miembros a adoptar “las medidas necesarias para facilitar a los solicitantes el documento (…), que tendrá VALIDEZ MIENTRAS ESTÉN AUTORIZADOS A PERMANECER en el territorio del Estado miembro de que se trate”.

El art. 18.1. a) de la Ley de Asilo reconoce el derecho «a ser documentado como solicitante de protección internacional» y en el art 13 del Reglamento de Asilo que reconoce que

1. (…) se le proveerá de un comprobante de su solicitud debidamente sellado que se unirá a su pasaporte y le habilitará para permanecer en España por un período máximo de sesenta días. Deberá notificar a la dependencia que corresponda cualquier cambio de domicilio.

2. Admitida a trámite la solicitud de asilo, la autorización de permanencia se acreditará mediante la expedición al interesado de un documento de solicitante de asilo que le habilitará para permanecer en el territorio español durante la tramitación del expediente.

3. En el momento de la entrega del citado documento, el interesado depositará, de no haberlo hecho anteriormente, sus documentos personales y de viaje, los cuales se mantendrán en depósito en el supuesto de resolución favorable a la solicitud de asilo. (…)

Por otro lado, el art. 4 de la Ley de Extranjería regula el derecho a la documentación de las personas extranjeras estableciendo en su apartado segundo que “Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o UNA AUTORIZACIÓN PARA PERMANECER EN ESPAÑA POR UN PERÍODO SUPERIOR A SEIS MESES, obtendrán la TARJETA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO, (…)”

Y el art. 209 del Reglamento de Extranjería regula la “TARJETA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO” advirtiendo que sólo están exceptuados de este derecho y obligación los titulares de autorizaciones de residencia y trabajo de temporada y que dicho documento es el “destinado a IDENTIFICAR AL EXTRANJERO a los efectos de ACREDITAR SU SITUACIÓN LEGAL EN ESPAÑA”, haciendo mención expresa a la protección internacional al recordar que “En el caso de los extranjeros a los que sea aplicable el RÉGIMEN DE ASILO, la ENTREGA DEL DOCUMENTO deberá realizarse en la Oficina de Extranjería o la COMISARÍA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DONDE RESIDAN, salvo en el caso de que estén domiciliados en Madrid, en el que la entrega del documento deberá realizarse en la Oficina de Asilo y Refugio”. 

En por ello que TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS A LAS PERSONAS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL por la Oficina de Asilo o las comisarías de policía, a su nombre, tienen la misma finalidad: la identificación de la persona como solicitante de protección internacional al efecto de garantizar sus derechos durante el procedimiento de asilo, por lo que debieran considerarse “TARJETAS DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO” al menos cuando conste autorización para permanecer igual o superior a 6 meses.

La Revista de Deusto de Derechos Humanos ha publicado hoy un artículo de gran interés para las personas interesadas en el derecho de asilo y la acogida de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas en España.

El laberinto del asilo en España: trabas, segregación y vulneración de derechos

El artículo examina varios de los problemas existentes en el procedimiento de asilo en España, como la dificultad para obtener citas en las comisarías, las demoras en la gestión de trámites y la emisión de diferentes tipos de documentación, cuestionando la legalidad de estas prácticas.

Además, se señala que estas situaciones han llevado a una segregación de los solicitantes de protección internacional según la fase del procedimiento y el tipo de documentación facilitada, creando diversas situaciones socio-jurídicas: solicitantes de hecho, pendientes de registro, pendientes de formalización, con resguardo, con tarjeta roja, y solicitantes denegados en espera de recurso.

Este etiquetado resulta en un acceso desigual a los servicios públicos y una vulneración de derechos de las personas solicitantes de protección internacional.