Tras las quejas recibidas por parte de personas e instituciones como la Clínica Jurídica de la Universidad de Salamanca, el Defensor del Pueblo ha remitido una resolución en la que le recuerda a la Dirección General de Policía, a la Dirección General de Política Interior y a la Tesorería de la Seguridad Social lo siguiente:

Que les incumbe de garantizar el disfrute de los derechos reconocidos a los solicitantes de protección internacional hasta que recaiga resolución definitiva, esto es, hasta que ya no quepa recurso alguno contra ella, así como de garantizar el efecto suspensivo automático de los recursos en vía administrativa o judicial, de conformidad con lo establecido en cada uno de los procedimientos iniciados por los ciudadanos, cuya solicitud haya sido denegada.

Al Ministerio del Interior le recuerda como deberes legales:

Que los datos relativos a las solicitudes de protección internacional que traslade a otros órganos de la
Administración, deben ser exactos y estar actualizados, tanto para su tratamiento como para su cesión.

Que se deberá abstener de ceder datos relacionados con las solicitudes de protección internacional a otros organismos de la Administración sin que exista una indicación específica en el Registro de Actividades de Tratamiento (artículo 31, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), debiendo observar el responsable y el encargado del tratamiento una actitud proactiva en cuanto al Registro de Actividades de Tratamiento

Y a la Tesorería de la Seguridad Social en particular y como deber legal:

Que los datos relativos a las solicitudes de protección internacional, que se trasladen a la Tesorería General de la Seguridad Social, deben ser exactos y estar actualizados, tanto para su tratamiento como para su cesión, debiendo observar el responsable y el encargado del tratamiento una actitud proactiva, en especial, en cuanto al registro de actividades de tratamiento. Por ello, la Tesorería General de la Seguridad Social deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias a fin de asegurarse que los datos que se le comuniquen relativos a ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional se encuentran debidamente actualizados, absteniéndose de adoptar resolución alguna, en el ámbito de su competencia, hasta tanto se haya verificado la exactitud de los datos proporcionados.

Descarga la Resolución pinchando en este link

Las personas a las que se les deniega el asilo en primera instancia pero han interpuesto recursos y se encuentran pendientes de resolución definitiva mantienen su condición de «solicitantes de asilo», como reconoce la normativa vigente y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, pero también la del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tardan en entregar nueva documentación para la fase de recursos porque requieren que la Oficina de Asilo registre la presentación de los recursos y la entrada en vigor de las medidas cautelares que permiten mantener la condición de «solicitante de asilo».

Por ello, y mientras la Oficina de asilo y la Policía registran y graban el recurso, la persona deberá acreditar su situación administrativa de «solicitante de asilo pendiente de recurso» a través de otros documentos, conocidos como «KIT DEL DENEGADO/A DE ASILO»:

1.- PASAPORTE EN VIGOR. Documento que acredita la identidad de la persona

2.- Copia de la TARJETA BLANCA/ROJA CADUCADA y copia de la RESOLUCIÓN DENEGATORIA DEL ASILO (al menos la primera y última hoja). Con estos documentos acreditamos que solicitamos asilo en determinada fecha y que nos han denegado la solicitud en otra fecha determinada.

3.- JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Con este documento acreditamos que hemos impugnado la denegación y que mientras no se resuelva el recurso mantenemos la condición de «solicitante de asilo» según el art. 2 de las Directivas de asilo.

4.- JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SOLICITANTE. Con este documentos acreditamos que ha transcurrido 1 mes sin que se responda al recurso de reposición y que por tanto el gobierno puede y debe emitirnos un certificado que acredite la condición de «solicitante de asilo».

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE. Con estos documentos declaramos por escrito que los recursos están pendientes y no resueltos a la fecha de la firma, solicitando a la Administración que haga las comprobaciones oportunas en su caso.

No obstante, hay diferencias entre los recursos interpuestos:

A) RECURSO DE REPOSICIÓN: El recurso debe contener (o debe presentarse después) una solicitud de suspensión cautelar de los efectos de la denegación. Esta solicitud de suspensión será la que permita, si es estimada por el Ministerio del Interior, «recuperar» la condición de «solicitante de asilo» con todos los derechos (permanecer, trabajar, tarjeta sanitaria, etc.)

Si la solicitud de suspensión no es contestada en el plazo de 1 mes es estimada por silencio con plenos efectos.

En este caso, para acreditar que es así y que se nos deben garantizar los derechos del «solicitante de asilo», deberemos presentar una DECLARACIÓN RESPONSABLE a la fecha por la que nos responsabilizamos de ser cierto que no ha sido respondido el recurso ni la solicitud de suspensión, autorizando a la administración a que haga las comprobaciones oportunas.

También es posible presentar, una vez que se ha estimado la solicitud de medidas cautelares por silencio, solicitar un CERTIFICADO DE ACTO PRESUNTO,

B) RECURSO JUDICIAL. Este caso es más complicado porque el órgano responsable de contestar a las solicitudes de suspensión cautelar, la Audiencia Nacional, suele denegar la solicitud en la mayoría de los casos. En este caso, para probar que han sido suspendidos los efectos de la denegación (salida obligatoria), habrá que presentar el AUTO JUDICIAL DE ESTIMACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. En caso contrario, deberá entenderse que es desestimatorio, por lo que en la práctica (no en la teoría), será muy difícil trabajar o ver garantizados los derechos.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE DENEGACIÓN DE ASILO PINCHANDO AQUÍ

EN RESUMEN:

SOLICITANTE DE ASILO PENDIENTE DE RECURSO DE REPOSICIÓN

PASAPORTE + TB/TR + RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE ASILO + RECURSO CON SOLICITUD DE SUSPENSIÓN + DECLARACION RESPONSABLE

Ó

PASAPORTE + TB/TR + RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE ASILO + JUSTIFICANTE RECURSO CON SOLICITUD DE SUSPENSIÓN + JUSTIFICANTE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ACTO PRESUNTO + DECLARACIÓN RESPONSABLE

SOLICITANTE DE ASILO PENDIENTE DE RECURSO JUDICIAL

PASAPORTE + TB/TR + RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE ASILO + RECURSO JUDICIAL CON SOLICITUD DE SUSPENSIÓN + AUTO CONCESIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

La Secretaria de Estado de Migraciones ha publicado las esperadas instrucciones para gestionar las solicitudes de arraigo laboral, conforme el art. 124.1 y la interpretación realizada por el Tribunal Supremo recientemente, y que permite probar la existencia de relaciones laborales con cualquier medio válido y, en concreto, con certificado de vida laboral, abriendo la posibilidad de poder computar el trabajo legal y con alta en la Seguridad Social.

Sin embargo, el Gobierno interpreta que no cualquier relación laboral es válida para optar a este permiso, si no que es necesario que cuente con «suficiente entidad» por tanto limitado a los siguientes supuestos:

• Relaciones laborales clandestinas
• Relaciones laborales por cuenta ajena y no por cuenta propia
• Las relaciones laborales no clandestinas deberán tener un mínimo de 30h/semana por salario mínimo interprofesional

La Universidad de Salamanca saca a la luz que España vulnera los derechos de los solicitantes de asilo pendientes de recurso al considerar que se encuentran en situación irregular y no reconocer, con carácter general, los derechos de los solicitantes en fase judicial, tras una resolución denegatoria de su solicitud en primera instancia.

Y es que, al parecer, la suspensión automática en el procedimiento ordinario es una cuestión asentada en todos los países de Europa y que forma parte del acervo comunitario en materia de asilo, según el INFORME SOBRE LOS EFECTOS SUSPENSIVOS EN LOS RECURSOS PRESENTADOS POR SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL[1], presentado públicamente el 2 de junio de 2021 por la Clínica de Acción Jurídica de la Universidad de Salamanca (Línea Migrantes y Derechos), y en el que se realiza un análisis comparativo del Derecho de los países de la UE, aclarando que España, junto con Hungría, son los únicos países que no incorporan en su ordenamiento jurídico interno el efecto automático de suspensión de los efectos de las resoluciones denegatorias de asilo, con carácter general.

De hecho, este es uno de los motivos por los cuales cual Hungría ha sido condenada, a instancias de la Comisión Europea y por la STJUE de 17 de diciembre de 2020. Y es que todos los países reconocen este efecto automático e incondicional de suspensión, ya sea mediante la transposición efectiva de las Directivas comunitarias a partir de 2013, o porque su ordenamiento jurídico ya venía incluyendo esta previsión, conforme la jurisprudencia internacional de derechos humanos.

---

[1]Clínica Jurídica USAL, Línea Migrantes y Derechos. “INFORME SOBRE LOS EFECTOS SUSPENSIVOS EN LOS RECURSOS PRESENTADOS POR SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL”, junio 2021, disponible online en: https://drive.google.com/file/d/1nKOiZHxHUCGNJVqtgUcSIDJbmPjPPt_V/view

La Generalitat se suma así al Gobierno de Aragón y otras AAPP del país, facilitando instrucciones para facilitar el acceso al empleo, los servicios públicos y la renta garantizada de las personas solicitantes de asilo que han visto denegada su solicitud de asilo en primera instancia pero que se encuentra suspendida por motivo de la interposición de recursos.

Esta posición de la Generalitat es muy importante porque por vez primera, en España, se reconoce que entre la fecha de la notificación de la resolución denegatoria y la entrada en vigor de los efectos suspensivos derivados de los recursos, el solicitante de asilo mantiene sus derechos como «solicitante de asilo». Por tanto sin períodos de carencia que otras administraciones están obligando de forma absurda. No es necesario darse de baja, para al mes y medio volverse a dar de alta, en resumen.

En concreto, la Generalitad recuerda que:

Como corresponde a la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía (SIMC), entre otros, la función de establecer instrumentos de coordinación entre las actuaciones de las administraciones públicas y las de las entidades que actúen dentro del ámbito de acogida de los solicitantes de protección internacional o refugiadas en Cataluña y apátridas, en coordinación con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC), en el ámbito de sus respectivas competencias, se valoran los siguientes aspectos en relación con las personas a las que se ha desestimado la petición de protección internacional y han interpuesto el correspondiente recurso:

1º) La medida cautelar de suspensión de la resolución denegatoria (ya sea de forma expresa o por silencio administrativo positivo) permite a la persona extranjera seguir inscrita como demandante de empleo, mantener las políticas activas de empleo, desarrollar su actividad laboral (por cuenta propia o cuenta ajena) o seguir percibiendo la renta garantizada de ciudadanía. Lo mismo se aplica a los casos de recurso contencioso administrativo en los que se ha solicitado suspensión cautelar de la efectividad de la resolución y no ha sido denegada.

2º) La suspensión de la resolución denegatoria del asilo se mantiene hasta que la administración resuelva expresamente el recurso de reposición. En aquet sentido, la recurrente conserva los derechos que ostenta en virtud del artículo 18 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

3º) En el ínterin entre la desestimación de la solicitud de protección internacional y la estimación de la medida de suspensión ya sea expresa o por silencio administrativo a los 30 días de la presentación del recurso-, así como entre la denegación del recurso de reposición y hasta la interposición del recurso contencioso administrativo, la SIMC interpreta que se mantienen los derechos y obligaciones de la persona como ‘solicitante’ de asilo hasta la notificación de la desestimación del recurso de reposición o del contencioso administrativo en los términos del artículo 15.3 de la Directiva 2013/33 / UE.

Descarga la NOTA INFORMATIVA completa.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha declarar contraria al Derecho de la Unión la normativa nacional que prevea la expulsión de las personas extranjeras por el mero hecho de la estancia irregular, sin ninguna otra circunstancia adicional agravante.

En resumidas cuentas, la normativa española que prevé la imposición de sanción de multa por la mera estancia irregular en el país se considera conforme al Derecho comunitario. ¿A partir de ahora se volverá a sancionar con multa y no con expulsión por mera estancia irregular? Todo apunta a que sí.

Descarga la sentencia aquí

El fallo es el siguiente:

«La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes.»

Para hacer efectiva esta sentencia, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior ha emitido instrucciones para proceder a imponer multa o expulsión en los procedimientos sancionadores, según los casos.

Para que se propongan expulsiones serán criterios los siguientes:

1. Que la persona haya sido detenida en el marco de la comisión de un delito o que le consten antecedentes penales
2. Que la persona invoque una falsa nacionalidad
3. La existencia de una prohibición de entrada a España anterior
4. Carencia de domicilio y documentación
5. El incumplimiento de una salida obligatoria
6. Imposibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español, determinada por la carencia de documentación o la ausencia de sello de entrada en el documento de viaje