Desde la crisis de 2015 cuando comenzaron a aumentarse los recursos de acogida, el Gobierno central a través del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad social (MISSM) ha venido haciéndose cargo del programa de acogida de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Y para ello fue convocando subvenciones anuales hacia el tercer sector que, en marzo de 2022 con la publicación del Reglamento de Acogida, ha venido reconociéndose la gestión facilitando el acceso a la concertación social, esto es, acuerdos con el MISSM para la gestión del Sistema de Acogida de carácter plurianual.

Sin embargo, la Ley de Asilo en su disposición adicional cuarta establece que

Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias en los ámbitos sanitario, educativo y social gestionarán los servicios y programas específicamente destinados a las personas solicitantes de asilo, en coordinación y cooperación con la Administración General del Estado.

Asimismo, facilitarán el acceso a la información respecto de los recursos sociales específicos para este colectivo, así como sobre las diferentes organizaciones de atención especializada a personas solicitantes de asilo.

Por ello cabían dudas sobre la delimitación de la competencia por el Estado y las CCAA en esta materia, siendo resuelta por la STS nº1591/2023, de 29 de noviembre, que resuelve la cuestión en favor del Estado, confirmando que el MISSM puede subvencionar al tercer sector en la acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.

Y esto mientras el Sistema de Acogida se encuentra tensado extremadamente por los repuntes de llegadas en frontera (costas y aeropuertos) el último trimestre de 2023, constando meses para lograr el acceso a una plaza del sistema de modo que la solidaridad de las personas y los Servicios sociales de Entidades locales y Comunidades autónomas (algunas) se están haciendo cargo de la primera acogida.

Y mientras la nueva extrema derecha comienza a gobernar demostrando que se encuentra en guerra contra las personas en exclusión social en general y con las migrantes en particular, llegando a prohibir la solidaridad de los vecinos/as amedrentando con multas.